Ahmed Ahmed

Ana Palacio y el Sáhara: el eco de Bouteflika y las lecciones de una historia que se repite Acabo de leer el artículo publicado por la señora @anapalacio, exministra de Asuntos Exteriores de España en el diario @Elmundo. Más que un análisis de lo ocurrido y una hoja de ruta para el futuro, se trata de una descripción de lo que sucedió antes de la votación frustrada del proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, así como de las posiciones de los miembros del Consejo de Seguridad y de la reacción de Marruecos. Hasta aquí, todo me pareció muy normal. Pero donde me sorprendió la señora Palacio, a quien estimo mucho aunque discrepe de ella, como ocurre en este caso, es cuando aborda el derecho internacional y el papel tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General. En concreto, el lenguaje que emplea al afirmar que "pero proclamar una victoria no equivale a obtenerla. La expiración del mandato —incluso la salida— de MINURSO no altera el estatuto jurídico del SO, que continúa inscrito entre los territorios no autónomos de la ONU. No transfiere soberanía, no extingue las competencias de la Asamblea General y tampoco resuelve el conflicto con el Frente Polisario (FP)" recuerda, hasta el punto de confundirse con él, el lenguaje de la carta que el entonces ministro argelino de Asuntos Exteriores, Abdelaziz Bouteflika, envió el 19 de noviembre de 1975, cinco días después de la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid y catorce días después del inicio de la Marcha Verde. En ella, Bouteflika, que expresaba su malestar por el hecho de que Argelia hubiera quedado excluida de las negociaciones entre Marruecos, Mauritania y España, sostuvo que aquel acuerdo no alteraba el estatuto jurídico del territorio, ni suponía una transferencia de soberanía a Marruecos y Mauritania, y que la Asamblea General seguía siendo el órgano de la ONU encargado del diferendo. Una posición que el Gobierno español surgido tras la muerte de Franco acabaría adoptando, bajo las presiones de Argelia, que comenzó a chantajearlo con el separatismo canario. Eso sí, el Gobierno español se negó a denunciar el Acuerdo de Madrid. ¿Cuál es la moraleja que trato de extraer de esta comparación entre el lenguaje empleado por la señora Ana Palacio y el de Bouteflika? Existe un gran paralelismo entre el malestar expresado por Argelia y el que manifiesta la señora Palacio. En 1975, ese malestar y esa cólera se expresaron cuando Marruecos abortó la conspiración urdida entre Argelia y ciertos sectores del Ministerio de Asuntos Exteriores español, encabezados por el entonces ministro Pedro de Cortina y el representante permanente de España ante la ONU, Jaime de Piniés, así como algunos altos mandos del Ejército español en el Sáhara, como el general Federico Gómez de Salazar, gobernadora del territorio. El objetivo era tomar a Marruecos por sorpresa, permitiendo que el Ejército argelino tomara posiciones en el territorio tras la retirada de las tropas españolas. Esta vez, ese malestar lo expresa una exministra de Asuntos Exteriores perteneciente al mismo partido que hoy aspira a volver al poder en España, después de que Marruecos haya conseguido deshacerse de MINURSO, una misión de la ONU que se había convertido en un obstáculo para la solución del conflicto y en un instrumento esgrimido por Argelia como prueba de que la comunidad internacional no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Ahora bien, como conocedor de la política exterior de España hacia Marruecos y del papel primordial que España ha desempeñado en la génesis y prolongación de este conflicto, así como en el reconocimiento del Polisario, a partir de finales de 1978, como «representante legítimo» de los saharauis, no me sorprende que una exjefa de la diplomacia española exprese su malestar. Soy plenamente consciente de que muchos españoles, tanto de derechas como de determinados sectores de la izquierda, desean que Marruecos nunca consiga zanjar este diferendo. Tampoco me sorprende que la señora Palacio haya afirmado que el diferendo sigue pendiente de una resolución definitiva en el Consejo de Seguridad. En eso coincido con ella y reconozco, con toda honestidad intelectual, que, aunque la desaparición de MINURSO constituye un avance de enorme importancia para Marruecos, el diferendo no quedará zanjado desde el punto de vista jurídico hasta que se alcance un acuerdo con la parte principal del conflicto, Argelia, y su títere, el Frente Polisario, y dicho acuerdo reciba el beneplácito del Consejo de Seguridad mediante una resolución. He hablado de ello en mis artículos, asi como en mi libro publicado en arabe (La alianza anómala: entresijos de la conspiración hispano-argelina en torno al Sáhara marroquí (1965-1979) y el Gobierno marroquí es consciente de esta realidad. Por eso, el siguiente paso que dará para debilitar la posición argelina y reducir su margen de maniobra será presentar, a partir de este diciembre, un proyecto de resolución ante la Asamblea General para retirar al Sáhara de la lista de territorios no autónomos. Pero lo que verdaderamente me sorprende es leer que la desaparición de MINURSO “no extingue las competencias de la Asamblea General”. Y aquí cabe preguntarle a la señora Ana Palacio: ¿a qué competencias se refiere exactamente y cuáles son? Puedo asegurar de antemano que no encontrará una respuesta convincente a esta pregunta, por la sencilla razón de que la Asamblea General, desde 1991, cuando el diferendo volvió a formar parte de la agenda del Consejo de Seguridad, dejó de tener cualquier competencia sobre él. Es cierto que el asunto sigue debatiéndose en la Cuarta Comisión cada mes de octubre. Pero las resoluciones que ésta adopta y que posteriormente son aprobadas cada diciembre por el pleno de la Asamblea General no tienen ningún valor jurídico vinculante. Es más, desde 2007, las propias resoluciones de la Asamblea General no hacen sino remitirse a las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad, que se han convertido en el marco jurídico que rige el diferendo. ¿Qué significa esto? Significa algo primordial que brilla por su ausencia en el artículo de la señora Ana Palacio, a saber, que la naturaleza jurídica de la controversia sobre el Sáhara ha evolucionado desde 2007, puesto que las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad han puesto un énfasis creciente en la iniciativa marroquí de autonomía, evolución que culminó en la Resolución 2797, que identifica claramente el plan marroquí como base para las negociaciones. Es más, conforme al artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General no puede formular recomendaciones sobre una controversia mientras el Consejo de Seguridad esté ejerciendo sus funciones al respecto, salvo que este último lo solicite. Por consiguiente, ni la Asamblea General sigue teniendo relevancia decisiva en el diferendo ni la Cuarta Comisión puede socavar el proceso político dirigido por el Consejo de Seguridad. Una realidad que he documentado en mi libro publicado en inglés hace dos años “The Self-determination Delusion”. Eso sí, el Sáhara sigue inscrito en la lista de territorios no autónomos, un hecho que constituye la piedra angular del argumento de todos aquellos que tratan de minimizar tanto la importancia capital de los avances diplomáticos conseguidos durante los últimos años como la evolución jurídica que ha experimentado el diferendo desde 2007, una evolución que ha dejado sin efecto el papel de cualquier órgano ajeno al Consejo de Seguridad. Y precisamente porque la permanencia del Sáhara en esa lista sigue siendo explotada tanto por Argelia como por aquellos a quienes, por diversas razones, les molesta que Marruecos ponga fin a este diferendo heredado del colonialismo español, Rabat ha expresado su determinación de conseguir que el Sáhara sea retirado de ella. El artículo de la señora Palacio confiere aún mayor relevancia a lo que Peter van Walsum, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara entre 2006 y 2008, dijo en su momento. En agosto de 2008, Van Walsum lanzó una advertencia que sigue siendo sumamente relevante hoy en día. En una entrevista con El País, sostuvo que la independencia del Sáhara Occidental no era un objetivo alcanzable. Pero lo que resultó aún más revelador fue su advertencia a quienes seguían animando al Frente Polisario a perseguir la independencia a toda costa. Explicó que, si bien ofrecer un apoyo incondicional a una causa que se considera justa puede resultar moralmente satisfactorio, existe un peligro real de crear falsas esperanzas y prolongar la agonía de las mismas personas a las que se dice defender. En concreto, instó a los partidarios españoles del Polisario a preguntarse si alentar al movimiento a insistir en una independencia plena servía realmente a los intereses de los saharauis. Su mensaje era inequívoco: existe una diferencia fundamental entre defender un principio y perpetuar un conflicto fomentando un desenlace políticamente inalcanzable. Quienes todavía insisten en una alternativa y se aferran a la idea de que podría celebrarse un referendum, mientras que esta opción has desaparecido por complete desde 2003, deberían bajar de las nubes y aceptar que ese resultado tan anhelado, que llevan tanto tiempo esperando ver materializado en el Sáhara, jamás llegará a producirse. Las palabras de Van Walsum, pronunciadas en 2008, cobran hoy una relevancia aún mayor para cualquiera que esté verdadera y sinceramente interesado y preocupado por el destino de los saharauis en los campamentos de Tinduf, teniendo en cuenta que una parte considerable de sus habitantes son meros farsantes que no tienen absolutamente nada que ver con el Sáhara.