Una persona denuncia un delito. La policía debe investigar, la fiscalía construir el caso, un juez resolver con independencia y el sistema ejecutar la sentencia respetando derechos. Esa cadena se llama justicia penal. En el Índice de Estado de Derecho 2026, México quedó 139 de 143 países. Entre los cinco últimos del mundo evaluado. Pero el problema no termina ahí. Entre 44 países de ingreso medio-alto, México está 43 de 44 en corrupción, seguridad, cumplimiento de las reglas, justicia civil y justicia penal. No estamos viendo sólo tribunales lentos o policías deficientes: estamos viendo fallas simultáneas en casi todos los lugares donde una ley debería convertirse en protección real para una persona. Ahí está la dimensión jurídica del deterioro. Un abuso puede corregirse si existe un juez independiente; un delito, si una fiscalía investiga; la corrupción, si alguien puede sancionarla. Cuando también se debilitan las instituciones encargadas de corregir al propio Estado, el problema cambia de escala. El Estado de derecho no se mide por las leyes que promete, sino por lo que ocurre cuando un ciudadano necesita que funcionen.

Un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa denuncia algo extraordinario: más de 120 sentencias presuntamente emitidas mediante sesiones que nunca se celebraron. Ricardo León Caraveo asegura que, después de denunciarlo, fue trasladado de adscripción como represalia. Hay un detalle jurídico fundamental: la ley exige la presencia de tres magistrados para celebrar válidamente las sesiones colegiadas de las Salas Regionales. Dos pueden decidir por mayoría, pero no pueden sustituir al tercero para integrar el quórum. Si se acredita que se simularon sesiones, no estaríamos ante simples errores judiciales, sino ante posibles falsificaciones de actos jurisdiccionales. La investigación de @SanjuanaNews en @lajornadaonline plantea una cuestión que nos afecta a todos: cuando un tribunal entrega una sentencia, ¿cómo podemos comprobar que realmente fue aprobada conforme a la ley? La justicia no puede descansar únicamente en la confianza que inspira un documento firmado.

Las cifras de las Fiscalías mexicanas cuentan una historia difícil de ignorar: en 2025 se abrieron 2,064,775 carpetas, 74,453 MENOS que en 2024. Pero el rezago no bajó: aumentó en 275,271 procedimientos y llegó a 2,916,624. Menos asuntos nuevos; mucho más inventario acumulado. Los datos internos son todavía más reveladores: 60.8% de las carpetas abiertas no tenía persona imputada. De las determinaciones en investigación inicial, 39.5% fueron no ejercicio de la acción penal, 30.8% archivo temporal y sólo 15.2% ejercicio de la acción penal. Además, el presupuesto real de las Fiscalías estatales aumentó 2.7%. Y el dato que pone todo en perspectiva: el rezago pasó de 1.52 millones de procedimientos en 2020 a 2.92 millones en 2025. Casi se duplicó: +91.8% en cinco años. Antes de discutir más penas o quiénes deben ser nuestros jueces, estas cifras obligan a mirar el lugar donde millones de casos pueden quedarse años: las Fiscalías.