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Los de la cafetería Por: @MachadoRold El 6 de noviembre de 1985 Luz Mary Portela León no tenía que estar en el Palacio de Justicia. Su mamá, Rosalbina, amaneció enferma y ella fue a reemplazarla lavando platos en la cafetería. Cristina del Pilar Guarín, licenciada en ciencias sociales, también estaba de reemplazo, en la caja. Varios testigos vieron salir viva a Luz Mary, herida en un brazo. Treinta años después, los restos de las dos aparecieron en tumbas con nombres ajenos. La toma del M-19 fue una empresa delirante, enferma. Un comando entró al Palacio para secuestrar a la generación de oro de la Corte Suprema y obligarla a juzgar al presidente Belisario Betancur por el fracaso de los acuerdos de paz. Un juicio de utilería, infantil, montado por unos muchachos convencidos de que la historia les debía un escenario. Alfonso Reyes Echandía pidió por radio que cesara el fuego. Nadie lo oyó. Lo que vino después fue peor, porque lo hizo quien tenía el deber de proteger. En la retoma el Ejército trató a los rehenes como sospechosos y torturó a varios en la Casa del Florero. Carlos Augusto Rodríguez, el administrador de la cafetería, aparece en video saliendo con vida. Nadie sabe dónde está. En 2014 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por esas desapariciones. Pilar Navarrete tenía 20 años la mañana en que despidió a su esposo, Héctor Jaime Beltrán, mesero de la cafetería. Lo buscó durante más de tres décadas. En 2017 Medicina Legal confirmó que también él llevaba 31 años enterrado con el nombre de otro hombre. La serie Palacio, recién estrenada en Netflix, cuenta esa búsqueda. Ese es el peor de los delitos. Un homicidio deja un cuerpo que atestigua, que se vela, que se llora y que se entierra. La desaparición forzada mata en vida a quien espera. Cada rumor y cada rostro parecido alimentan una esperanza que también es tortura. En esta guerra las víctimas siempre han quedado en la línea de fuego de unos y otros perpetradores. Defender su memoria se confunde a menudo con una reverencia hacia lo demencial de la toma. La toma y la retoma merecen el mismo rechazo. En el centro deben estar las víctimas que asesinaron los terroristas del M-19 y las que el Ejército torturó y desapareció en nombre del Estado. Ninguna es nota al pie de la otra. La memoria selectiva es una forma elegante de impunidad. Gustavo Petro (@petrogustavo), que militó en el M-19, trató la toma con indulgencia. Ahora el péndulo se fue al otro extremo. El presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) llamó héroe de la patria a Luis Alfonso Plazas Vega y lo designó embajador en el Perú, en lugar de su esposa. Plazas Vega fue condenado por desaparición forzada en primera y en segunda instancia. La Corte Suprema lo absolvió en 2015, y un jurado civil de Miami lo exoneró en septiembre por la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Tiene derecho a su absolución. No tiene derecho a una embajada. A un hombre que comandó aquella retoma, si no le corresponde la cárcel, le corresponde por lo menos el ostracismo. Pido cordura a los políticos que reescriben la historia según el uniforme de sus amigos y a los ciudadanos que replican esas versiones sin leer una sentencia. Y ojo, que el revisionismo empieza por los muertos sin apellido ilustre. Que el Estado haya condenado a esas familias a la espera es imperdonable. En nombre de la lucha contra la subversión, unos militares con el orgullo herido pasaron por encima de la Constitución y usaron contra los ciudadanos las armas que debían defenderlos. Después se colgaron un uniforme de héroes. Les quedó holgado. Cada noviembre el gobierno de turno escoge a cuáles muertos nombrar. Las familias no tienen ese lujo. Siguen esperando la verdad que el Estado les debe desde 1985. Ninguno de los suyos pidió ser héroe ni mártir.