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🔴Una apelación se gana o se pierde antes de llegar a la Sala. 📌Se pierde cuando el recurso repite el alegato de primera instancia. Se gana cuando el abogado encuentra el error de la sentencia y lo convierte en un cargo. 📍Curso: La pragmática del recurso de apelación. Penal y constitucional. 16 al 27 de noviembre · 17h30 a 19h30 · Zoom. @ED_ByPEREA 👉🏽Escribe «APELACIÓN» al WhatsApp +593 98 085 7544 y te envío el programa en PDF.

🔴¿Qué se debe conocer para juzgar y defender procesos penales sobre delitos de corrupción y crimen organizado? 📍Por si creen que ser especialistas en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal o, inclusive, en litigación penal los convierte automáticamente en especialistas para juzgar o defender casos de corrupción y criminalidad organizada, están más perdidos que Papá Noel en mayo. 📌Anticipo algo: no sé con exactitud a quién llamamos «penalista» en Ecuador. 👉🏽Tener una especialidad o una maestría en Derecho Penal puede justificar académicamente esa denominación. Sin embargo, el título, por sí solo, no acredita que una persona esté preparada para juzgar o ejercer una defensa adecuada dentro de la justicia penal ordinaria; mucho menos, en la justicia penal especializada y compleja que conoce delitos de corrupción y criminalidad organizada. Una cosa es conocer la dogmática penal; otra, comprender integralmente un caso penal; y una mucho más exigente es estar capacitado para juzgarlo o defenderlo cuando intervienen estructuras organizadas, operaciones económicas, contratación pública, empresas, flujos financieros, cooperación internacional, evidencia digital y técnicas especiales de investigación. No conozco un único programa académico que proporcione, con suficiente profundidad, todo lo que se necesita. Para aproximarse seriamente a esa experticia, al menos habría que estudiar: 1) Filosofía del Derecho, para comprender qué fines debe alcanzar el Derecho y qué concepción de justicia orienta la decisión. 2) Teoría general del Derecho y teoría de las fuentes, para identificar el Derecho aplicable, sus niveles, relaciones y criterios de validez. 3) Derechos fundamentales y Derecho constitucional procesal, especialmente tutela judicial efectiva, defensa, presunción de inocencia, legalidad, imparcialidad, prueba, motivación e impugnación. 4) Interpretación y argumentación jurídica, porque las disposiciones no se aplican sin interpretación y ninguna conclusión jurídica se sostiene sin razones. 5) Epistemología jurídica, Derecho probatorio y razonamiento probatorio, para distinguir información, evidencia, medios de prueba, hechos probados e hipótesis suficientemente acreditadas. 6) Prueba por indicios, inferencias probatorias y estándares de prueba, porque en los casos complejos rara vez existe una sola prueba que explique por sí misma toda la estructura investigada. 7) Dogmática penal general: conducta, tipicidad, imputación objetiva, dolo, autoría, participación, tentativa, concursos, culpabilidad y consecuencias jurídicas. 8) Dogmática penal especial de los delitos de corrupción y criminalidad organizada: delincuencia organizada, cohecho, concusión, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y demás figuras relacionadas. 9) Derecho penal económico y de la empresa, incluyendo estructuras societarias, responsabilidad de personas jurídicas, deberes de vigilancia y programas de cumplimiento normativo. 10) Dogmática procesal penal, con especial atención a la formulación de cargos, acusación, delimitación de hechos jurídicamente relevantes, medidas cautelares, prueba, procedimientos especiales, impugnación y ejecución. 11) Técnicas especiales de investigación: interceptaciones, seguimientos, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, cooperación eficaz, análisis financiero y demás mecanismos legalmente autorizados. 12) Distinción entre inteligencia, información investigativa, elementos de convicción y prueba judicial. No todo lo que orienta una investigación puede utilizarse para justificar una condena. 13) Cadena de custodia, evidencia digital, extracción forense, autenticidad, integridad y trazabilidad de la información. 14) Derecho administrativo, contratación pública, control estatal y responsabilidad de los servidores públicos, porque numerosos casos de corrupción nacen precisamente de relaciones administrativas. 15) Derecho societario, comercial, tributario, contable y financiero, porque no se puede interpretar una operación económica compleja únicamente con categorías penales. 16) Análisis contable y financiero, trazabilidad patrimonial, identificación del beneficiario final, movimientos transnacionales y reconstrucción de operaciones. 17) Recuperación de activos, comiso, extinción de dominio, medidas patrimoniales y protección de terceros de buena fe. 18) Derecho internacional de los derechos humanos, cooperación penal internacional, asistencia judicial recíproca, extradición y estándares internacionales contra la corrupción y la criminalidad organizada. 19) Criminología y política criminal, para comprender el funcionamiento real de las organizaciones, sus estructuras, incentivos, jerarquías, redes y formas de actuación. 20) Teoría del caso, estrategia de defensa y técnicas de litigación, para integrar todos los componentes anteriores y convertirlos en una actuación procesal coherente. Y, atravesándolo todo, ética profesional. Porque la complejidad del caso no autoriza al juez a reducir garantías ni al abogado a actuar al margen del Derecho. Nadie necesita ser el mejor filósofo, penalista, constitucionalista, contador, litigante o experto financiero al mismo tiempo. Pero quien pretenda juzgar o defender estos casos necesita una competencia sólida en todas esas áreas, profundidad en varias y, sobre todo, capacidad para integrarlas. Cuando el caso lo exija, también deberá trabajar con un equipo interdisciplinario. Reconocer los límites del propio conocimiento forma parte de la verdadera experticia. La litigación es apenas una de las pruebas. Saber desenvolverse en una audiencia no convierte a nadie en defensor de casos complejos, del mismo modo que saber Derecho Penal no convierte automáticamente a alguien en especialista en corrupción o criminalidad organizada. Me avisan si todo esto se enseña en el pregrado o si cabe seriamente en un solo posgrado. ¿Estamos listos?

🔴LA SENTENCIA DICE… ¿Y QUÉ? 📍Compartir el número de una sentencia no es enseñar la sentencia. Hacer un resumen tampoco. Y citar los párrafos que te llamaron la atención, menos. 📌Nada de eso informa sobre la utilidad del fallo. Les invito a que hagamos costumbre de exigir cuatro cosas a quien nos comparte una sentencia. Comentémosles y preguntemos: 1) Primero: ¿cuál es la innovación? Si la regla ya estaba en la ley o en un fallo anterior, esa sentencia no creó nada. 👉🏽Por ejemplo, la 1899-22-EP/26 parece fundadora sobre abandono del recurso: dice que no puede declararse cuando el procesado comparece y quien se retira es su abogado. Suena nuevo. No lo es. Esa regla ya la había fijado la 384-23-EP/26 con condicional expreso, en casación. Y el protocolo de reemplazo de la defensa —nueva audiencia, tiempo y medios adecuados, aviso al Consejo de la Judicatura— está escrito palabra por palabra en el art. 452 COIP. —Lo único que aporta el fallo es el párr. 65: prohíbe subordinar al defensor público con órdenes injustificadas y niega que esas garantías se flexibilicen por tratarse de defensa pública. Ese párrafo sirve. Lo demás es cita de norma. 🖋️Y hay una consecuencia pragmática: si usted ejerce defensa penal y va a litigar el protocolo del art. 452 COIP, cite la norma como fundamento principal y la sentencia como confirmación de su alcance constitucional. Invertir el orden debilita el argumento, porque le está pidiendo al juez que aplique jurisprudencia donde hay texto legal expreso. 2) Segundo: ¿qué fuente de origen judicial estoy leyendo? No todo lo que dice la Corte vincula igual. Hay precedente en sentido estricto, criterios de interpretación en abstracto, estándares, definiciones conceptuales, obiter dicta y líneas jurisprudenciales. Cada uno con su fuerza y su uso. 👉🏽Otro ejemplo: la 010-12-SEP-CC lo muestra sin querer. Es el caso de la niña que no declaró en juicio y cuya versión constaba solo en las pericias psicológicas. La Corte declara que los jueces deben adoptar medidas especiales de protección aunque la ley no las prevea, y anuncia que "va a ensayar establecer algunas de las medidas concretas". —No nombra ninguna. No dice Cámara de Gesell. No dice testimonio anticipado. Ni una sola. —Quien cite esa sentencia como fuente de esas figuras está inventando: llegaron después, con el COIP. Lo que sí aporta es un criterio de interpretación de alto valor: la barrera generacional ex post del art. 22 COFJ, la prohibición de revictimización del art. 78 CRE con su doble alcance, y el art. 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permite al niño ser escuchado "directamente, por su representante o de un órgano apropiado". 🖋️Criterio no es precedente. Sirve para fundamentar por qué el dispositivo existe, no para exigir el dispositivo. Confundirlos le regala el punto a la contraparte. 3) Tercero: ¿para qué me sirve mañana en audiencia? 👉🏽Con la 585-22-EP/24 podemos ejemplificarlo. Tiene una regla que usted puede usar el lunes: el tribunal de juicio debía advertir de oficio los vicios que pudieran acarrear la nulidad, con mayor razón tratándose de un juzgamiento en ausencia con defensa pública designada de oficio. Sirve para atacar tribunales que se escudan en el art. 608.6 COIP diciendo que "no conocían" lo actuado antes. —Pero debes leerla completa. Dos jueces salvaron el voto con un argumento sólido: preclusión y oportunidad procesal, art. 604 COIP, competencias taxativas del tribunal en la etapa de juicio. Si usted cita el párrafo sin saber que está disputado, la contraparte se lo dice y usted queda sin respuesta. 🖋️Y la regla no es de nulidad automática. Está condicionada por el propio estándar del art. 604 COIP: procede siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque indefensión. En ese caso la indefensión era flagrante, la juzgaron sin notificarla nunca y con un defensor que jamás tuvo contacto con ella. Invocar el párrafo sin acreditar ese elemento fáctico es usar el precedente fuera de su supuesto de hecho. 4) Cuarto, y casi nadie lo hace: ¿cuánto pesa realmente? 👉🏽Con la 1072-21-EP/26 se evidencia el peso en la pragmática. Se aprobó con cinco votos contra tres, y con dos escritos de disenso distintos que atacan de frente la premisa central sobre la frontera entre calificar jurídicamente y revisar hechos en casación. —Es precedente. Pero es un precedente frágil, candidato a reversión ante otra composición de la Corte. Citarlo como criterio pacífico es exponer al cliente. 🖋️Conocer la debilidad de su propio precedente es parte de usarlo bien. 📌Lo que está detrás de las cuatro preguntas: Extraer la regla, verificar contra qué fuente la tomó la Corte, separar la ratio del obiter, leer los votos salvados y reconstruir el condicional: 👉🏽SI concurren estos hechos […] 👉🏽ENTONCES se sigue esta consecuencia […] Esto es trabajo y toma horas. Resumir toma diez minutos. 💢Sin ese condicional usted no tiene precedente. Tiene una frase bonita. El resumen sin técnica no forma defensores. Los entretiene. Con técnica usted sabe el verdadero mensaje pragmático de las sentencias. 📍No todos pueden dar la anatomía de una sentencia. Muchos solo pueden decir "la sentencia dice". Súmate: #DimeCuálEsLaImportancia #ParaQuéSirve #CuálEsLaInnovación Que Dios les bendiga. 🛡️Esto enseñamos en la Escuela de Defensores By PEREA #EscuelaDeDefensores_ByPEREA #EfectoPEREA #PeStyleDefensor #PrecedenteJudicial #FuentesDelDerechoDeOrigenJudicial #DefensaPenal #DefensaConstitucional #DebidoProceso #ArgumentaciónJurídica #RazonamientoProbatorio

Claramente, esa interpretación es errada. 📍En la apelación de una decisión sobre prisión preventiva sí pueden —y, cuando corresponda, deben— conocerse cargos de nulidad. 👉🏽Primero, por una razón normativa bastante sencilla: el art. 652.10 del COIP contiene una regla general aplicable a la impugnación. La nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte cuando exista una causa que vicie el procedimiento. Por tanto, no encuentro sustento normativo para sostener que, porque la apelación verse sobre prisión preventiva, el tribunal de alzada tenga prohibido examinar una nulidad oportunamente alegada. Pero hay algo más. 👉🏽La @CorteConstEcu, en la sentencia 585-22-EP/24, párr. 41, fue incluso más lejos respecto de un Tribunal de Garantías Penales. Sostuvo que, en su deber de garantizar los derechos y asegurar la validez procesal, debía: 📍 “advertir incluso de oficio vicios en el procedimiento que pudieran acarrear la nulidad”. Y esto es especialmente relevante porque aquel Tribunal alegó precisamente que no tenía competencia para examinar nulidades, pues estas correspondían a la jueza de la Unidad Judicial o a la Sala Provincial mediante apelación. La Corte Constitucional no aceptó esa tesis. Entonces, el razonamiento es a fortiori: 📌Si un Tribunal de juicio, aun sin una regla específica que le atribuya expresamente esa facultad en esa etapa, debe advertir incluso de oficio un vicio capaz de producir nulidad por su condición de garante de derechos, con mayor razón debe hacerlo un Tribunal de apelación cuando el propio COIP contiene una regla general que expresamente regula la nulidad dentro del régimen de impugnación. Y cuidado con reducir esto exclusivamente a la apelación de prisión preventiva. La cuestión puede proyectarse, según el vicio y el momento procesal, a apelación de sentencia, doble conforme e incluso casación. El problema no se resuelve preguntando únicamente cuál es el objeto inmediato del recurso, sino también cuáles son los deberes del órgano jurisdiccional frente a una vulneración procesal capaz de producir indefensión. 👉🏽Ahora, una paradoja adicional. La decisión que usted cita resulta particularmente interesante porque la prisión preventiva revisada en ese caso fue dictada bajo el estándar construido por la propia Corte Nacional de Justicia en la Resolución 14-2021. Ese estándar exige algo superior a la mera sospecha: elementos de convicción suficientes que permitan sostener, en términos de probabilidad, la existencia del delito y la participación de la persona procesada. Y aquí aparece una contradicción institucional difícil de ignorar: 👉🏽 Ese estándar ecuatoriano es citado en derecho comparado como referente para determinar el umbral exigible antes de restringir cautelarmente la libertad. Pero mientras fuera del Ecuador se observa lo que dice nuestra Corte Nacional, dentro del Ecuador la propia Corte Nacional llegó a calificar como error inexcusable la actuación de jueces que aplicaron ese estándar al revisar una prisión preventiva. Dicho de otro modo: La comunidad jurídica internacional conoce el estándar que creó la Corte Nacional del Ecuador; lo que probablemente no conoce es que la propia Corte que lo creó puede terminar reprochando disciplinariamente a los jueces que lo aplican. Ese, me parece, es el verdadero problema que deja este caso.