Efrén Páez

Un Tribunal Colegiado acaba de revocar la suspensión que frenaba el registro obligatorio de líneas celulares. No es menor: esa suspensión protegía a al usuario mientras se resolvía el amparo. Hoy, por unanimidad, el tribunal dejó sin efectos la suspensión, y permitió que el sistema siga avanzando. Ojo: no resolvió si es constitucional. Decidió que no debe detenerse. ¿La razón? Que suspender el registro afecta el “orden público y el interés social”, porque —según el tribunal— el padrón ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas y en el combate a delitos. Pero cuidado: que algo persiga un fin legítimo no lo vuelve automáticamente válido. Ya lo dijo la Corte con el PANAUT. Lo delicado es esto: sin suspensión, el Estado puede implementar el sistema de registro de celulares mientras el juicio sigue. Cuando llegue la sentencia, el daño a la privacidad de las personas, ya estará hecho sobre millones de usuarios. Aquí no se discute sólo un registro telefónico. Se está definiendo, en los hechos, hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad. lasillarota.com/nacion/2026/…

Nos quieren vender el registro obligatorio de celulares como una medida “contra la extorsión”. Pero el trasfondo es otro: el Estado volviendo a ponerle nombre, CURP y rostro a cada llamada, cada mensaje, cada silencio. Ya lo intentaron antes. La @SCJN lo declaró inconstitucional. Hoy regresan con otro empaque, el mismo impulso: controlar bajo el pretexto del miedo. La pregunta incómoda es simple: ¿sirvió antes para frenar el delito? No. ¿Va a servir ahora? Tampoco. La extorsión no se combate persiguiendo ciudadanos, sino desmantelando redes criminales, limpiando policías, fortaleciendo fiscalías. Registrar millones de celulares solo crea bases de datos vulnerables, expone a la gente común y normaliza la vigilancia como si fuera precio inevitable de vivir en sociedad. La libertad no se pierde de golpe: se pierde trámite a trámite. Hoy es tu celular. Mañana será otra cosa. Cuando el Estado te dice “si no te registras, te apago la voz”, no está combatiendo el crimen: está ensayando obediencia.

Nos quieren vender el registro obligatorio de celulares como una medida “contra la extorsión”. Pero el trasfondo es otro: el Estado volviendo a ponerle nombre, CURP y rostro a cada llamada, cada mensaje, cada silencio. Ya lo intentaron antes. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional. Hoy regresan con otro empaque, el mismo impulso: controlar bajo el pretexto del miedo. La pregunta incómoda es simple: ¿sirvió antes para frenar el delito? No. ¿Va a servir ahora? Tampoco. La extorsión no se combate persiguiendo ciudadanos, sino desmantelando redes criminales, limpiando policías, fortaleciendo fiscalías. Registrar millones de celulares solo crea bases de datos vulnerables, expone a la gente común y normaliza la vigilancia como si fuera precio inevitable de vivir en sociedad. La libertad no se pierde de golpe: se pierde trámite a trámite. Hoy es tu celular. Mañana será otra cosa. Cuando el Estado te dice “si no te registras, te apago la voz”, no está combatiendo el crimen: está ensayando obediencia. Y una democracia que acepta eso sin cuestionarlo, empieza a acostumbrarse a no serlo.