Me sumo a una acción de solidaridad con las personas presas políticas en Irán que participan en #NoToExecutionTuesdays A las 12:00 a. m., hora de Irán (230 pm hora de México), iniciaré una huelga de hambre de 24 horas. #hungerstrike #Iran #stopexecutions #abolishdeathpenalty La magnitud del uso de la pena de muerte en Irán por motivos políticos es alarmante. Amnistía Internacional registró al menos 2,159 ejecuciones en 2025, la cifra anual más alta que ha documentado en el país desde 1981. En 2026, al menos 34 personas han sido ejecutadas en relación con las protestas de enero, incluidas cinco en apenas una semana, entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre. La información que he recibido revela además una dimensión especialmente preocupante para mi mandato. Al menos 46 presos políticos y manifestantes habrían sido ejecutados desde el 19 de marzo de 2026: 37 fueron detenidos durante protestas y nueve fueron perseguidos en relación con una supuesta afiliación a la oposición. Más de 100 personas permanecerían condenadas a muerte. Delitos como baghi (rebelión armada), moharebeh (enemistad contra Dios) y efsad-e fel-arz (corrupción en la tierra) están siendo utilizados en casos en los que la protesta, la expresión política y la supuesta afiliación a la oposición se vinculan con cargos que pueden implicar la pena de muerte. La historia hace imposible ignorar estas señales de alerta. En 1988, alrededor de 30,000 presos políticos fueron ejecutados o desaparecidos forzadamente en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Irán. El ex Relator Especial de la ONU Javaid Rehman concluyó posteriormente que las ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, así como las desapariciones forzadas, constituyeron crímenes de lesa humanidad. Irán debe detener inmediatamente las ejecuciones, conmutar las condenas a muerte, revisar los casos que no cumplan con las garantías de un juicio justo e investigar las denuncias de tortura. La opinión política, la crítica, la protesta pacífica y la asociación nunca deben convertirse en delitos castigados con la pena de muerte.